El concepto de exclusión social ha sido ampliamente utilizado en los países industrializados, y en particular en la Unión Europea, sobre todo a partir de la década de los 80.
Muchas de las desigualdades e injusticias que aparecen en el proceso de desarrollo económico pueden ser interpretados como exclusiones: de los derechos básicos, de las instituciones sociales, de los mercados y de las oportunidades de ingreso, de representación y de participación. Por lo tanto, la exclusión social puede ser vista como la raíz de los procesos de empobrecimiento y de la misma pobreza. Se trata de un proceso dinámico, que afecta continuamente a nuevos grupos sociales, o agrava la situación de los ya marginalizados, profundizando las desigualdades.
Se ha sostenido que, para avanzar en la solución de este problema, es necesario impulsar la integración y la cohesión social.
Existen tres dimensiones fundamentales de la exclusión social:
La dimensión económica, que se refiere sobre todo a la satisfacción de necesidades, especialmente a través del empleo y los salarios.
La dimensión institucional, que se refiere a las instituciones-formales e informales-que regulan la vida social, y en nuestro caso el mercado del trabajo (instituciones de regulación de los contratos, de seguridad social, de capacitación, etc.).
La dimensión cultural, que se refiere a los valores y pautas de conducta que guían a los miembros de la sociedad, y en nuestro caso sobre todo frente al empleo.
Las tres dimensiones son distintas, pero tienden a vincularse y a potenciarse mutuamente. Así, por ejemplo, la exclusión del acceso al trabajo implica la posible exclusión de los beneficios de seguridad social y la pérdida paulatina de la “cultura” del trabajo.
Las nuevas formas de exclusión social, derivan de los dos grandes procesos recientes que han estado influyendo en forma determinante en el mercado laboral: la globalización económico-social y el nuevo rol del Estado.
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